Tres personas fueron detenidas y otras seis son investigadas por delitos contra la salud pública, pertenecían a un grupo delictivo y contra los derechos de los trabajadores.
El 16 de septiembre, la Guardia Civil realizó una inspección de una plantación presuntamente dedicada al cannabis industrial y ubicada en la localidad de Huerta de Valdecarabanos, para verificar su estatus legal, cuya finalidad es prevenir el contrabando y la producción de drogas.
Durante esta prueba, los agentes tomaron una muestra de la planta para verificar si excedía la indicación legal máxima para el supuesto componente psicoactivo de este supuesto cannabis, donde los resultados mostraron que estas plantas eran en realidad cannabis sativa, diseñadas genéticamente para ser equivalentes al cáñamo sintético y aparentar ser legal.
Continuando con la investigación, el 26 de septiembre la Guardia Civil del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas intervino en la importación de 112 kg de cogollos de cannabis, declarados como plantas, sin precisar el tipo y el destinatario siendo la empresa responsable de la plantación estudiada.
Los agentes realizaron una segunda búsqueda el 6 de octubre, manipulando las 135.000 plantas de cannabis y deteniendo a los principales culpables, además, en varios almacenes cercanos a la finca que la empresa se encarga de utilizar como secadores, se encontraron 30 toneladas de cannabis seco de los restos de la finca del año anterior y 3.720 kg adicionales de brotes destinados a distribución e intervención.
La finca en la que se encuentra esta gran plantación tiene una superficie de 12 hectáreas y es monitoreada 24/7.
Cerca hay dos almacenes con equipos para convertirlos en plantas de cannabis de interior y aumentar la producción, así como un área de secado con cámaras de seguridad y vigilancia independientes. También en esta última inspección, los agentes observaron que los empleados que se hallaban en dicho cultivo eran en su mayoría extranjeros en situación irregular en España, sin contrato laboral y la vivienda que les había facilitado la empresa no tenía las más mínimas condiciones de habitabilidad.
Este proceso forma parte de la Operación Miller y ha sido desarrollado por el Equipo Antigrodroga (EDOA) y Delincuencia Organizada de la Guardia Civil de Toledo y la Asociación Fiscal de la Guardia Civil en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.